EL ABUSO Y VIOLENCIA CONTRA BEBÉS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ES UN FLAGELO CUYO ABORDAJE DEBE SER POR EL SECTOR SOCIAL, SALUD, JUSTICIA Y EDUCACIÓN Y NO DE FORMA AISLADA E INDEPENDIENTE DE ESTAS INSTANCIAS.
Como resultado de una exhaustiva investigación, a continuación nuestra propuesta a los organismos de su competencias:
Justicia
- La creación de un instituto, consejo consultivo o comisión, con presupuesto y atribuciones jurídicas propias de regulación y ordenamiento, para vigilar y exigir cumplimiento cabal a las instituciones gubernamentales y organismos sociales para la formulación de planes, estructuras, estrategias y acciones multidimensionales, encaminadas a dar protección y asistencia médica, social, educativa y jurídica a menores en condición de maltrato, que articule a los sectores salud, educación, justicia y organismos de la sociedad civil, y a un consejo de participación ciudadana que garanticen protección y atención integral a los menores víctimas. (Presentada ante la Asamblea Legislativa, Octubre 2008).
- Proponer sistemas médicos sociales y de justicia integrales y restitutivos. Sobre este apartado se presenta una propuesta de estructuración jurídica consistente en la creación de una agencia del ministerio público para menores, una para delitos sexuales por delegación, ya que actualmente existen 6 para delitos sexuales y sólo dos para menores. Asimismo se propone la creación de una tercera fiscalía de supervisión para delitos exclusivamente para menores.
- Crear un marco jurídico especializado en menores. Debe de haber un representante en cada agencia del ministerio público del menor.
- Es importante que también se considere la unificación de criterios jurídico médico asistencial para su abordaje y tratamiento del DIF, PGJDF, SEP.
- La denuncia debe ser obligatoria y no opcional, dada las circunstancias y características de indefensión del menor, tanto de la ciudadanía como del personal docente y médico.
- A las muertes súbitas, imprevistas, sospechosas, violentas e inusitadas, se debe iniciar averiguación de hechos mediante examen postmortem con autopsia completa, estudios químicos, microscópicos y radiológicos.
Social
- Se deben de considerar campañas masivas permanentes de prevención primaria
Educación, salud, justicia
- El personal médico, docente, ministerios públicos, jueces, etc. Debe ser capacitado en materia de protección a la infancia y particularmente sobre el “Síndrome de Kempe o del Niño Maltratado”.
Salud
- En materia de salud, debe crearse en cada uno de los 10 hospitales pediátricos del D.F. una clínica integrada en el mismo, dedicada a la identificación, y tratamiento integral de los menores víctimas de abuso y maltrato. A manera de referencia el Instituto Nacional de Pediatría de la Secretaría de Salud, tiene integrada la Clínica de Atención Integral al Menor Maltratado (CAINM) de la UNAM, y Secretaría de Salud. Cada una de éstas clínicas deberá contar con pediatras especializados en maltrato infantil, neuropsiquiatras, ginecopediatras, trabajadores sociales, terapistas, médico legista, médico forense (indispensable), ministerio público con secretario.
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